CATASTROFISMO OPOSITOR CON MOTIVO DEL PLAN B.

Por Pedro Vargas Avalos.

Hace unos meses, se desechó por no haber alcanzado el apoyo calificado de las cámaras federales, un proyecto de reformas electorales que se denominó Plan A. En esencia, eran modificaciones constitucionales de la mayor trascendencia: disminución de puestos de elección, rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE), supresión de Organismos Electorales Locales (OPLES y Tribunales), eliminación de gastos ordinarios para partidos políticos, etc. Algunas encuestas sobre ese tema, demostraron que el pueblo era partidario de ellas; pero el andamiaje para realizar cambios a la Constitución, -dos terceras partes de diputados asistentes- entraña el apoyo de los partidos de oposición, los cuales, contrarios a esas ideas -que los tocaba en el ramo de dinero, que reciben gratuitamente por el solo hecho de ser partidos- votaron en contra, por lo que el proyecto se desechó. Así, es que surgió la iniciativa para reformar varias leyes secundarias, y crear una, las cuales, por ser reformas ordinarias, solo necesitan mayoría simple: de esa forma nació el Plan B de reformas electorales, combatido a ultranza por todo opositor al actual gobierno federal.

La reforma electoral en su formato de plan B, ha recibido embates de toda índole, mismos que mañosamente, se hacen constar en la defensa de la democracia, la intocabilidad del INE, la del voto, la libertad de expresión y otras ideas que se han esgrimido recientemente; el efecto es que a la sociedad en general se le ha convulsionado sin mayor razón, ya que ninguno de esos planteamientos ha disminuido ni puesto en riesgo la vida nacional. Pero la obcecada actitud de los opositores a la administración federal, denominada como la Cuatro T, los ha hecho caer en posiciones de teatral catastrofismo, siendo los más destacados en tal postura, la politóloga Denise Dresser y los aún consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, (Eduardo Huchim, exconsejero electoral, en el Programa Largo Aliento con Sabina Bergman, Canal 14 TV 9-3-023). A esos comentócratas, se les agregan bastantes en los Estados y sobre todo, muchísimos opinólogos insertos en los diarios “nacionales”: para todos ellos, símbolos de la derecha, es un “puñal en el corazón de la democracia”.

Esa forma de actuar, mas que catastrofismo, tiene tintes apocalípticos, como si la aprobación de esas reformas, verificadas con estricto apego a las leyes, fuese a ser el fin del mundo, asegura el distinguido investigador de sociología de la religión, (exconsejero electoral en el Estado de México, Bernardo Barranco) lo cual, desde luego, está lejos de la realidad.

Esos fatalistas, han tejido una red de “falacias sombrías” para pulverizar todo lo que modifique el aparato que regula al Instituto Nacional Electoral, en lo cual incluyen la defensa de su obesa cuanto onerosa burocracia. Impresionan al ciudadano sencillo con el cuento de que el padrón electoral va a estar en manos del gobierno, lo cual es falso, a pesar de que la Constitución establece que la administración federal debe emitir una especie de cédula de identidad: más la desconfianza que se le tuvo al gobierno cuando manejó los comicios, la cual se la ganó a pulso, provocó que ahora, a la credencial emitida por la autoridad electoral, se le dé un valor extraordinario. Los impugnadores le agregan que, por ello (pregonan falsamente que el INE ya no tendrá el manejo del padrón), no habrá certeza en el sufragio, ni en el conteo del voto, y por lo tanto volveremos al tiempo de las trampas electorales, cuando el PRI era amo y señor del quehacer político nacional, lo cual obviamente es una patraña.

Otra crítica es difundir que, con el Plan B, volverá el tiempo de la caída del sistema; pero no dicen lo cierto del proyecto, ahora ya ley, de que busca desde el mismo día, al tiempo de que se da el PREP, se den resultados definitivos, como se hace en muchísimos países democráticos. También falacias de los impugnadores, son que se perdería el voto libre, y que los funcionarios de casilla serán miembros del gobierno; eso no puede ser, pues el organismo electoral continúa vigente manejando este renglón.

Es esencial entender que las elecciones no las hace el INE: este es un aparato burocrático que las organiza, pero quien recibe y cuenta los votos, son los ciudadanos. El Plan B, reduce el presupuesto de la estructura, no tocando para nada el capítulo de los ciudadanos. El fin último -manifiesta Eduardo Huchim- del Plan B es el ahorro, evitar el costo enorme de las elecciones mexicanas, racionalizar aparato y personal del INE: este año, en el cual no hay elecciones federales y muy pocas locales, solo el organismo tiene en números redondos 14 mil millones de pesos y se compone de más de 17 mil empleados, lo cual es descomunal. Pero todo se agrava porque hay porciones pequeñas -250 o 300 personas- que consumen exagerado presupuesto (recibe cada una, remuneraciones mayores a la del presidente de la república-, mientras que otras fracciones apenas ganan lo indispensable. Ahora bien, al dispendioso gasto del INE, hay que agregar el formidable desembolso del Tribunal Federal Electoral. Y si seguimos por este sendero, se debe tener en cuenta lo que requieren los OPLES (organismos públicos locales electorales) y sus correspondientes tribunales estatales, quedando aún por contemplar los subsidios que se otorga a los partidos políticos, con lo cual el dinero que en el renglón electoral se eroga en el país, es colosal.

Para tener idea de lo anterior, se da el ejemplo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que según Bernardo Barranco, exconsejero, en 2006 costó 150 millones de dólares: era como el quinto de América Latina, o sea, un estado mexicano costando más que repúblicas enteras, como Chile por ejemplo.

También aducen los catastrofistas, que, con el multicitado Plan B, se perdería el tener boletas en papel impreso con papel seguridad, infalsificable, más la tinta indeleble para que no haya duplicidad de votantes; en consecuencia, aseguran, regresaría la votación múltiple y cómputos inducidos para favorecer al partido en el gobierno (que lógicamente sería MORENA). Esto es burda mentira, porque ni se eliminan para votar los impresos seguros, ni las tintas indelebles luego de emitir el sufragio. Difundir esta falsía, genera miedo en mucha parte de la sociedad, y lo que pretende la oposición -que es igual a decir “la derecha”-, es ganarse a esos sufragantes potenciales atemorizándolos.

Los miembros del aparato burocrático electoral, están ajenos a la situación socioeconómica del pueblo; sus altos directivos tienen salarios y prestaciones privilegiadas, de tal suerte que su mayor preocupación es no perder esa posición opulenta. Ese fenómeno es propio de todas las burocracias doradas, llámese judicial, partidaria, universitaria, filo gubernamental, etc. Tomemos como ejemplo el caso del señor Edmundo Jacobo Molina, licenciado en filosofía quien increíblemente, con ese currículum, llegó a Director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. (¿?¡! sic).

Para gran sorpresa, en los tiempos del reparto de cargos para cuates y por cuotas de partidos, se le nombró secretario ejecutivo del IFE, antes de ser INE, en 2008, por un periodo de seis años. Como sobrevino la transformación del instituto, de federal a nacional, en 2014 tramposamente (sosteniendo sórdido borrón y cuenta nueva) se le volvió a nombrar por otro período, ahora de siete años, todo con su amigo Lencho Córdova. Cuando se iba a concluir ese ciclo, en otro maniobrero madruguete, porque estaban por ingresar en abril de 2020 cuatro nuevos consejeros al INE, Córdova fraguó y consumó entre enero-febrero otro nombramiento -avalado por sus alcahuetes consejeros- y así se le alargó, facciosa e impúdicamente, otro período a Jacobo, el cual lo dejaría en tan importante puesto hasta 2026. Se puede preguntar uno, ¿porqué tanto apego a ese empleo? Pues nada más ni nada menos, que como en el caso de los consejeros del INE y la cauda de asesores que tiene cada uno, disfrutan salarios y prestaciones que ni el presidente de la república percibe, contradiciendo la Constitución que en su artículo 127 precisa que nadie debe ganar en la administración pública más que el primer mandatario. Edmundo Jacobo nos cuesta a las y los mexicanos 4 millones 105 mil pesos anuales, seguro de vida por 9 millones 840 mil pesos, gastos médicos mayores por un millón 831 mil pesos y otras prestaciones de lujo, como dote matrimonial, marcha individualizada, etc. Todo lo investigó el Dr. Ángel Balderas, maestro matemático de la Universidad de Querétaro, y el resumen es el siguiente: las prestaciones del señor Jacobo, envidiables para cualesquier trabajador mexicano, incluyen, además del sueldo mensual ($246,292.00): medidas de protección al salario, $513, mil pesos; fondos y seguros de ahorro para el retiro, $447,000.00; seguro de vida con 40 meses de percepción bruta mensual, 9 millones 840 mil pesos; gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales, 1 millón 831 mil pesos al año; seguros a las personas , por 103 mil pesos;  también se le da prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo sin deducciones, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento; dos períodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno, seguro colectivo de retiro y de separación individualizado”. Con razón señala el antedicho autor, “este tipo de abusos es lo que se defiende cuando se dice “el INE no se toca”.(El Universal de Querétaro, 3-III-2023).

Ahora bien, el caso de Jacobo es doblemente interesante, porque “La Secretaría Ejecutiva es la que administra los recursos del instituto, los recursos humanos y financieros, es la que tiene la chequera […] Lo grave del asunto es que Edmundo Jacobo se está quedando y no se está permitiendo que los nuevos integrantes elijan al siguiente Secretario Ejecutivo y además se le permitió un amparo, aquí hay algo gravísimo, nadie tuvo por qué permitirle un amparo a este hombre […] Lorenzo Córdova ya se va y deja a su operador político al frente de las arcas del instituto”, comentó la diputada Julieta Ramírez.(Sin Embargo, 14-03-2023) la cual, mientras hablaba en la sesión extraordinaria del INE, la semana pasada, era objeto de burlonas muecas tanto de Córdova como de su contlapache Jacobo, reinstalado con bombo y platillo.

Para lograr una genuina reforma electoral, se necesita no estar tan crispado el panorama nacional, pues eso impide se logren acuerdos idóneos. En el momento que transcurre, se ha querido identificar al INE con la democracia, lo cual es falso: jamás una sola institución puede significar todo un sistema democrático. Nunca unos cuantos árboles serán un bosque.

Todo organismo ciudadano, por naturaleza debe integrarse por cuadros -hombres o mujeres- de grandes valores, que siendo reflejo sano de nuestra realidad social, permitan su marcha correcta con perspectivas de superación. Esto debe ser lo que, por ahora, en el proceso de nombrar a cuatro nuevos consejeros del INE, debe imperar. Con un Consejo General en que todos sus integrantes, no solo dos como ahora, participen y sumen esfuerzos, se podrá alcanzar una mejoría en la organización de los comicios, la cual por naturaleza, no puede ya ser tan despilfarrada ni tan protagónicamente sesgada, como lo ha sido hasta hoy.

CONGRESOS ESTATALES: CRISOL DE INDOLENCIA, INEFICACIA Y SIMULACION.

Por Pedro Vargas Avalos.

En los países democráticos, la división genuina del ejercicio del poder público, es indispensable para que los asuntos de gobernabilidad avancen idóneamente. Ya sabemos que los ramos en que se divide ese poder, son legislativo, ejecutivo y judicial. 

En los Estados de la Federación, en el primero (Legislativo), que forja las leyes, así como en el tercero (Judicial), que administra la justicia, son colectivos es decir colegiados, lo que significa que están compuestos por gran número de integrantes: diputados en uno, magistrados y jueces en el segundo. Por su lado, el ejecutivo es unipersonal, es decir, lo ejerce una sola persona. A diferencia del ámbito federal, en las Entidades no existen senadores, por lo que el legislativo es unicameral.

A través de la historia patria, México ha tenido excelentes políticos que se han desempeñado como diputados, qué es lo mismo que representantes populares. Igualmente podríamos decir de los Estados de la República, y para no ir mas lejos, el mejor ejemplo es nuestro hermoso Jalisco, que en este año de 2023 celebra el bicentenario de su creación.

El antecedente del Congreso local, lo fue la Diputación Provincial de Guadalajara, que fue el organismo que creó el 16 de junio de 1823, al Estado Libre de Xalisco (hoy Jalisco, sin equis). Sus miembros se denominaban “vocal” y fue el señor José de Jesús Huerta Leal, quien redactó el documento que se dio a conocer públicamente cuando se determinó crear a la Entidad. El nombre lo tomaron del que servía para señalar a nuestra región en la época prehispánica: Xalisco, vocablo náhuatl que significa sobre la arena.

Quien esto escribe, publicó hace décadas lo siguiente: “El 13 de junio de 1821 se proclamó la independencia en la Nueva Galicia; a la una de la tarde se reunió de emergencia la Diputación, convocada por el Intendente D. Antonio Gutiérrez de Ulloa como Jefe Político interino (en vista de la huida del Gral. Cruz) y los vocales: Dr. Miguel Gordoa, Dr. Rafael Dionisio Riestra, D. Matías Vergara, Lic. Crispín Velarde y D. Alfonso Sánchez Leñero; faltaron el Dr. Toribio González, Juan Manuel Caballero y D. José García Monasterio; era secretario el Lic. José Anastasio Reynoso. Inmediatamente se nombró una comisión que recibiera al Gral. Pedro Celestino Negrete, jefe de la tropa proclamadora de la Independencia y por disposición de éste por la tarde se pasó a Palacio de Gobierno, pero traspasada para el día siguiente a las ocho de la mañana la junta general de organizaciones, a tal hora se juró la independencia, luego lo hicieron los empleados en su local de sesiones, siendo el primer acto público de su historia independiente en dicho sitio; galardón que ostentan sólo los pueblos que saben vivir con dignidad y luchar con gallardía. La Diputación -que funcionaba en el viejo edificio del ayuntamiento de Guadalajara, -ubicado donde hoy es la plaza de la Liberación- representaría un bastión inexpugnable ante los embates del oscurantismo que simboliza el imperio y luego el principio Centralista; a destruir éste se lanzó con toda su fuerza y prestigio: desde aquel viejo palacio municipal cimbraba a toda la nación con sus excepcionales decisiones, logrando arrancar al reacio Congreso General el 12 de junio de 1823 el acuerdo de ‘estar su voto por el de la República Federal’. Como tal decisión no fue contundente, la Diputación guadalajarense, el día 16 de ese mes, proclama el federalismo y decide la erección del ESTADO LIBRE DE JALISCO, soberano en sí mismo y que sólo reconocía lazos de confederación con otras provincias. En estos acontecimientos participó intensamente el Doctor José de Jesús Huerta Leal, mentor de la pléyade liberal y federalista que forjó a la Entidad y la República. Por ello, ésta es fecha solemne de la Entidad, según decreto número 16434 de fecha 17 de diciembre de 1996, emitido por la LIV Legislatura jalisciense”, y que ahora se ha renovado al determinarse conmemorar el 200 aniversario de esa memorable fecha.

Desde aquellos lejanos tiempos, brillaron personajes que dieron lustre a los políticos jaliscienses: Prisciliano Sánchez y Juan N. Cumplido, son ejemplos elocuentes de la inicial legislatura que fue constituyente (1823-1825). En la primera de orden constitucional, instalada el 28 de enero de 1825, destaca Pedro Tamez. En la segunda, tenemos al laguense Urbano Sanromán, y así sucesivamente, en cada una existía algún notable político que sería su emblema. 

Los diputados tapatíos, que fueron a México, para fungir dentro de la Cámara de Diputados federal, están más que bien representados por Valentín Gómez Farías, el ya mencionado Dr. José de Jesús Huerta, Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta y Luis Manuel Rojas, éste, ya en el siglo pasado.

Lamentablemente, esa línea gloriosa de nuestros diputados ya no ha sido continuada en los tiempos recientes. La mediocridad ha campeado, la ineptitud se ha enseñoreado, la falta de civismo es evidente y la simulación pareciera que fuera la norma a seguir. Por ello, dice un periodista local: “De los altos niveles de corrupción en el Poder Legislativo de Jalisco se ha hablado y documentado desde la opacidad paradigmática de la Legislatura 58, de mayoría panista, de hace más de dos décadas.” (Jaime Barrera, Rapacidad y Obesidad Legislativa, El Informador, 16 febrero 2023.)

De allí que, a fines del año pasado, los legisladores locales que integran la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, acordaron que se elaborara un estudio diagnóstico sobre la nómina del Congreso del Estado. “La presidenta de la Comisión de Administración, Mara Robles Villaseñor, informó que la idea es “poner orden” a la nómina del Poder Legislativo, donde durante años se ha dado a conocer que hay personas que no trabajan, aunque acudan a laborar, o hay puestos de trabajo con sueldos diferentes.” El organismo seleccionado fue el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO), con sede en la ciudad de México, consultor en materia de políticas públicas, que es independiente, apartidista y sin fines de lucro,  sin domicilio en el estado de Jalisco, “para que sea imparcial y no tenga conflicto de interés. Con ese diagnóstico realizado de manera científica, vamos a poder tener información precisa, sobre cuáles son las distorsiones que existen en la nómina y vamos a poder corregirlas” dijo la aludida diputada.

El estudio se llevó a cabo y el análisis, que fue entregado el martes 31 de enero a la JUCOPO (Junta de Coordinación Política y a la presidenta de la Mesa Directiva) de la Cámara de Diputados de la entidad, “busca aportar con base en evidencia una serie de recomendaciones de política pública para mejorar su gestión y transparencia. Se utilizaron los datos y documentos proporcionados por diversas áreas del Congreso y se tomaron en cuenta buenas prácticas en materia de gestión de nómina, tanto a nivel local como internacional.“ El 14 de febrero, aniversario de la fundación de la Perla Tapatía, se dijo que en el “diagnóstico se señala que la nómina está conformada por mil 69 empleados, y de los 16 puestos catalogados, el 26 por ciento no coincide con el catálogo de puestos existente; el costo de la nómina es más elevado que otros congresos estatales en México por número de habitantes, y hay disparidad en los rangos de sueldo anual de los empleados para un mismo nivel de escolaridad y jerarquía.”

Es por ello, que aseguró Mara Robles, “Es un deber imperativo deshacerse de la mala imagen que por algunos históricamente se le ha impuesto al Poder Legislativo sobre los llamados aviadores, la ineficiencia y los criterios discrecionales y poco claros para el ingreso, promoción y permanencia del personal que aquí trabaja”. Especificó dicha diputada, “que el diagnóstico de IMCO no es una auditoría, por ello no se dieron a la tarea de eliminar a los presuntos trabajadores que cometieran algún delito, pero sí señalan que hay anomalías que deben solucionarse como la consanguinidad, existencia de puestos que no están en el catálogo, inexistencia de funciones, entre otros”. (Boletín del Congreso, 14-II-2023).

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo de Jalisco, César Iñiguez González, manifestó que “los empleados de base son los que hacen funcionar al Congreso de Jalisco y una reingeniería administrativa no debe afectar sus derechos laborales”, lo cual es evidentemente justo. Y añadió que los diputados “tienen una bolsa de más de 200 mil pesos para contratar personal”, por lo cual no deberían contratar “más personal cuando ya tienes gente que hace trabajo de base.” (16-II-023). 

Al respecto, escribe Isaack de Loza: “El Congreso es un botín, una descarada repartición de plazas entre amigos y familiares que esta semana fue abierto en canal y expuesto ante la opinión pública por una instancia externa y apartidista: el Instituto Mexicano para la Competitividad”, agregando: “tenemos un Congreso al servicio del Poder Ejecutivo que lo mismo le aprueba una deuda para heredar a los que vienen que un recorte a la educación en el presupuesto. Lo mismo le avala un financiamiento para la Línea 4 que le llena una protesta contra la Feria Internacional del Libro. Diputados a la carta, pues.” Y sigue: “ Además del tequila y la torta ahogada, hoy Jalisco puede presumirle a México entero que su Congreso cuesta más que el de Veracruz —un Estado demográficamente parecido al nuestro—, que el de Nuevo León, que la Cámara de Diputados de Chile, que la Asamblea de Nueva York, y que además se encuentra muy por encima del promedio nacional en el costo de su nómina.” (El Informador, 17-II-2023).

Y es que como asegura Jonathan Lomelí:  en el Congreso local, “las decisiones se toman basadas en arreglos y repartos con una lógica de botín. La contratación de personal, por tanto, es para satisfacer intereses”. (El Informador, 16-II-2023).

La conclusión es ahora: ¿será cierto que se corregirán los vicios antedichos?, o como muchos aseguran, nuestro poder legislativo estatal, continuará siendo un crisol de indolencia, ineficacia y simulación, con lo cual manchan al división de poderes,  denigrando la gran trayectoria de los diputados que desde 1823, forjaron con civismo y honorabilidad a nuestro entrañable Estado de Jalisco.