LA CORTE Y LA AUSTERIDAD REPUBLICANA.
Por: Pedro Vargas Avalos.
Durante toda su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido, salvo singulares excepciones, muy dúctil con el poder ejecutivo, y casi desdeñada por el poder legislativo. Solo en los tiempos actuales, cuando llegó al gobierno federal un partido de izquierda, a adoptado una actitud que los ministros integrantes de la SCJN (así como los miembros de la oposición) aseguran, se debe a que ahora si son independientes totalmente, en relación a los otros dos poderes constitucionales.
En el primer tramo del sexenio presente, entre el entonces presidente de la SCJN y el primer mandatario nacional, había cierta corriente de afinidad, y no pasó a mayores la antedicha separación de poderes. Pero tras la elección de la abogada Norma Leticia Piña Hernández, para presidir el alto tribunal a que nos referimos, la relación del poder judicial encarnado por la SCJN, y los poderes legislativo y ejecutivo, se han agriado. Y de tal situación, se han valido los impugnadores de la Cuarta Transformación (4T), para generar loas al Poder Judicial federal (PJF) y llevar agua a su molino, aduciendo que cada paso que da la corte, es para salvaguardar el equilibrio de poderes.
Los jaloneos con diputados y senadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que es gobernante, también son frecuentes. A tal grado que como afirma la periodista Carmen Morán Breña, “La disputa de leyes y decretos en el terreno judicial se ha disparado durante el sexenio provocando una judicialización extrema de la vida parlamentaria que tensa el equilibrio institucional”. (El País, 1 VI-023).
Por lo que ve al primer magistrado, Andrés Manuel López Obrador, a cada acción de la Corte, como cuando esta echó para atrás la primera parte del llamado Plan B, y luego cuando más recientemente, la SCJN reprobó la segunda parte de ese paquete de leyes con matiz electoral, afirmó que tal Tribunal estaba al servicio de los conservadores, de los antiguos detentadores del poder: “El Poder Judicial está podrido”, se publicó el 8 de mayo pasado. Y el inmediato 29, tras la marcha del “INE no se toca” difundió Forbes: “Ya marchamos por el voto; por el INE, pero la que está defendiendo el voto y al INE es Norma Piña y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso estamos aquí reunidos” (Miguel Ángel Gurría).
Lo anterior no es raro, porque poco tiempo antes, había reprochado a la SCJN por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con tal motivo, precisó que ocho ministros actuaban con el estilo del ex presidente Felipe Calderón, -autoexiliado en España- apoyando con ello un modelo de seguridad estilo del exfuncionario narco calderonista, ya condenado por ello en Estados Unidos, Genaro García Luna.
La excesiva judicialización registrada en este sexenio, alcanza la friolera de 809 controversias constitucionales debatidas (casi el doble de las que hubo en el período de Vicente Fox, cuando fueron 414) y además, 572 acciones de inconstitucionalidad. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Laura Valencia, explica que ello se debe a “Los muchos decretos mediante los que se gobierna…, y también las iniciativas de ley han pasado por la Suprema Corte”.
Ante tal situación, el mandatario y los suyos, se han fijado en los elevados salarios de los ministros de la SCJN, que como lo demuestran estudios comparados de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo: el ingreso de los jueces superiores mexicanos, son mayores que el de otros países. El profesor de Derecho Julio Ríos (del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM) reconoce que tales ingresos, rebasan al promedio de ministros de muchas naciones, y concluye: “No es que eso esté mal, pero sí es un poco alto”. Esa opinión es al revisar que los ministros cobran más que el presidente, lo que es algo inconstitucional: 137.000 pesos de AMLO, frente a 284.500 pesos de cada miembro de la SCJN, a excepción de su presidenta que gana mucho más, según los datos oficiales publicados.
Por lo anterior, el tabasqueño anunció en una mañanera que pediría información a la SCJN del porqué, si tanto afirman salvaguardar la Constitución, no se ceñían a lo que ordena la Ley Suprema con motivo de los sueldos en la administración pública federal, en la cual el artículo 127 constitucional, señala que nadie debe percibir más alta paga que el presidente de la república. Debido a esto, la Secretaría de Gobernación informó que su titular (Luisa María Alcalde Luján) solicitó, en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Suprema Corte un “informe” sobre las acciones que ha realizado el Poder Judicial Federal para “cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal”, en el cual, claramente se establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”. (Twitter, 27 junio 2023).
El pleno de la Corte, acordó que se contestara al requerimiento anterior por medio del secretario de acuerdos del organismo, ya que la titular de Gobernación no tiene ni facultades ni el nivel para solicitar tal información a la presidenta de la SCJN, amén de que la Ley que alude la funcionaria no es aplicable. Pero como un esfuerzo para fortalecer el diálogo entre Poderes, y en aras de rendir cuentas a la sociedad, le enviaron el oficio respuesta con fecha 3 de julio. En dicho escrito, invocando a la misma Carta Magna, se dice que los ingresos de los altos servidores del Poder Judicial Federal, no pueden ser disminuidos (art. 94) y que de acuerdo al dispositivo 123, a cada trabajo corresponde salario igual.
En esa respuesta podemos encontrar varios tópicos para tener en cuenta. Lo primero es el clasismo, que implica calidades o categorías, al valorar a la secretaria de Gobernación como inferior al rango de los ministros de la Corte, lo cual conforme a la democracia y la igualdad republicana que deben imperar, ya no son o al menos, no deberían ser vigentes. Lo segundo, es de que, si bien no deben rebajarse las percepciones a los ministros durante su ejercicio, hay que tener en cuenta que, por ética y conciencia social, deberían ajustarse al principio constitucional de no ganar más que el presidente de la república. Y finalmente, al mencionar a su favor el artículo 123 que estipula, que a igual trabajo igual ingreso, esa disposición es para los asalariados, y en ella no entran altos empleados de confianza ni servidores públicos de elevado rango, por lo que al recibir su nombramiento los ministros, deben sujetarse al articulo 127 vigente, y no irse al de igualdad de trabajo que es para el apartado A del artículo 123, y en todo caso, jamás para funcionarios de la magnitud de los ministros de la SCJN. A este paso, jamás se podrá poner en vigencia el artículo 127, pues cuando no es uno son varios los que perciben el viejo y desmesurado sueldo.
Por lo anterior es que muchos ciudadanos exigen que se actúe como Zedillo en 1994: se quite de un plumazo a todos los ministros y se reinicie nueva etapa de la SCJN. Se recordará que Ernesto Zedillo, de 26 ministros, dejó a la Corte con solo once. El presidente AMLO ya se pronunció al respecto, sosteniendo que no es igual a sus antecesores neoliberales, por lo que mejor exhorta a los ciudadanos para que en 2024, voten masivamente y le den a la alianza “Juntos Hacemos Historia” de MORENA y aliados, una victoria suficiente para lograr (es el plan C) las tres cuartas partes del Congreso de la Unión, y así poder modificar de fondo al Poder Judicial federal.
Concluyendo: la ciudadanía tendrá la palabra en junio de 2024, para si considera, se hagan reformas profundas al poder judicial, para que este se adscriba a la austeridad republicana y los principios democráticos, o en su caso, si no lo evalúa de esa manera, se permitirá que las cosas sigan como están, con una Corte elitista, ajena al pueblo, muy dada a la flema y habituada a la seductora buena vida.