LOS JUECES EN LOS TIEMPOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN.
Por Pedro Vargas Avalos.
Casi no hay semana en la cual los medios de comunicación nos informen que algún juez -específicamente del ámbito federal- concedieron un amparo a favor de alguna o varias organizaciones, en contra de actos de la autoridad emanada del actual gobierno general, mismo que se autodefinió como de la Cuarta Transformación Nacional (4T).
Dos aspectos de fondo resaltan a la vista ante ese panorama: en primer lugar, la división de poderes constitucionales que impera en la república; en segundo término, el proyecto de nuevo régimen (4T) encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo).
El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice claramente: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En los Estados, es el artículo 116 que en su primer párrafo establece: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”. Por lo tanto, debemos entender que existe un solo poder público, que es el “Supremo Poder de la Federación”, siendo su concomitante en las Entidades federativas, el poder público estatal.
Bajo esa idea, es que marcha el gobierno, lo cual presupone colaboración entre los tres poderes, puesto que realmente existe solo uno dividido en triple función, cuyo fin inmediato es aplicarse cada uno en su ramo: el legislativo, decretar normas para el adecuado desarrollo nacional; el ejecutivo, dirigir la administración pública, y Poder Judicial, aplicar la ley impartiendo justicia. El objeto mediato de todos, es servir al pueblo y consolidar la nación, para lo cual deben observar invariablemente la Carta Magna con sus leyes secundarias.
En vista de lo antedicho, los poderes no son adversarios sino complementarios; eso sí, deben ser respetuosos de sus competencias, a lo cual suele decírsele “independencia” con lo que se evita haya confusiones interpoderes. De surgir estas, la misma suprema norma señala el sendero para resolverlas.
Por lo que ve al orden ejecutivo, lo encabeza el Presidente de la República, o sea, es unipersonal, en tanto que los otros dos poderes son colegiados y multiorgánicos: las Cámaras de Diputados y Senadores, en el Legislativo y, para el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un Tribunal Electoral (TEF) y Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Además, existe un Consejo de la Judicatura encargado de la administración, vigilancia y disciplina de esos entes, con excepción de la SCJ y el TEF con sus Plenos Regionales.
Tradicionalmente, el poder que en los hechos resulta preeminente, es el Ejecutivo, pues al ser unitario, emanar de la voluntad soberana del pueblo y encargarse de las distintas responsabilidades que tiene cada secretaría y múltiples dependencias (que forman el Gabinete Ampliado), resalta su trascendental significación.
Los defectos que resintió políticamente nuestra democracia, que repercutieron en la vida institucional del país, generaron un presidencialismo desmedido, a tal grado que a los períodos presidenciales solía llamárseles “monarquía sexenal”, pues la presencia del ejecutivo en todos los órdenes hacía que los demás poderes y organismos, parecieran subordinados a él.
Por lo anterior, surgieron las inconformidades y reclamos, las protestas y demandas de la sociedad civil, es decir de los ciudadanos y sus organismos. Hasta que en los comicios de 2018 se eligió al actual presidente, quien enarbola un proyecto de nación en el cual los principios de “por el bien de todos, primero los pobres”, la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como tener una democracia plena y consolidar la soberanía nacional en todos los renglones, son sus bases. En cuanto a los individuos miembros del nuevo gobierno, su divisa sería no robar, no mentir, no traicionar y respetar al prójimo, es decir, al pueblo, a los gobernados.
Esos ideales son el motor de la Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), la cual emerge teniendo en cuenta que la Primera nos dio la independencia, la Segunda trajo la Reforma, y la Tercera, fue la Revolución Mexicana que buscó la reivindicación ciudadana y la justicia social. Los tres movimientos tuvieron de común denominador la lucha armada. La Cuarta Transformación es de índole pacífica, respeta la ley y los derechos humanos, lo que conlleva la práctica de los valores culturales, morales, el fortalecimiento de la familia y de las comunidades.
Bajo esos lineamientos, la Cuatro T (4T) planeó obras emblemáticas, entre las que destacan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas bautizada como Olmeca (ambas obras ya inauguradas); en construcción, está el Tren Maya; el corredor Transístmico que une al Pacífico con el Golfo de México; y una serie de edificaciones formidables como el Tren México-Toluca, Parque Ecológico del Lago de Texcoco, vía Oaxaca a Puerto Escondido, una ampliación del tren que va de Lechería a Buenavista, etc., etc. Esto además de rescatar las dos empresas descentralizadas más esenciales del país: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así las cosas, tanto las obras ya estrenadas como las que están en construcción, constantemente fueron o han sido suspendidas por juicios de amparo, promovidos generalmente por organismos de los llamados ONG´S, soterradamente impulsados por personas o fuerzas políticas antagónicas a la 4T, destacando al respecto, el señor Claudio X. González por medio de sus variados ONG’S y la alianza Va por México que conforman el PAN, el PRI y el PRD; dentro de esta amalgama, figuran sujetos que brillaron en cargos y posiciones de anteriores gobiernos, y que anhelan regresar a usufructuarlos de nuevo.
El Juzgador federal Juan Pablo Gómez Fierro, es quizás el más destacado de los impartidores de justicia que han concedido suspensiones. A él acuden variadas corporaciones que, como la sablista hispana Iberdrola, lucran a costa de los mexicanos y a diario burlan nuestras leyes. Recientemente a esta compañía se le impuso una multa por más de nueve mil millones de pesos, y ya consiguió la suspensión para evitar pagarla: el juzgador Ramón Lozano Bernal, titular del Juzgado Tercero especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tomó la decisión de suspender la multa.
Volviendo a Gómez Fierro, ya es célebre, porque ha otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, y contra la Ley de Hidrocarburos; el lunes 19 de julio concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y CFE. El 25, concedió el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con sentencia de efectos generales y ordenó que se aplique el estatuto anterior a la reforma publicada en marzo de 2021, no obstante que la Corte ya dejó en claro la constitucionalidad esa norma: el legista argumentó que la amparista aduce una violación a su derecho a un ambiente sano al entrar en vigor la LIE: bajo tal criterio, todo sujeto puede ampararse, puesto que tenemos universalmente esa prerrogativa, lo cual abona la cachaza de este fustigador ataviado de juez.
Otro censor con toga que se lució, fue uno residente en Jalisco, quien concedió una suspensión para evitar el traslado rápido a Estados Unidos del capo de capos, Rafael Caro Quintero. El juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, otorgó la “suspensión de plano” contra la extradición inmediata y luego declinó la competencia, aduciendo que el competente está en la prisión del Altiplano, y por lo tanto debe conocer su caso un juez federal de Toluca o de la capital azteca.
El organismo “Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano” (DMAS) logró la suspensión de la edificación del Tren Maya en su tramo cinco; el juez primero Adrián Novelo Pérez, con sede en Mérida, fundado en que “existe peligro inminente” de que la obra genere daños al medio ambiente, “se concede a DMAS A.C. la suspensión definitiva para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo cinco del proyecto Tren Maya”. (Por Esto, 19-IV; Excelsior y El Financiero, 30-V-2022). Ante esa situación obstruccionista, el Consejo de Seguridad Nacional declaró que la construcción del Tren Maya es una obra de seguridad nacional. (Milenio, 20-07-022). Y de esa manera prosiguió su fabricación.
Lo anterior solo son botones de muestra; casos que llaman la atención, como el concederle un amparo por un tribunal de Nuevo León (luego de rechazos de otros en diversas Entidades) al inefable Alejandro Moreno (a) Alito, para que no se publiquen grabaciones -que lo han exhibido en la justa dimensión de lo marrullero que es- que él mismo ordenó, son asuntos frecuentes en que juzgadores federales en aras de la “independencia” judicial, conceden esos amparos suspicaces.
Las cosas han llegado a posicionar dos bandos: el que alega que los jueces son los salvadores frente a la Cuatro T, y el gobierno que lucha por todos los medios para sacar avante sus proyectos. Para Enrique Quintana, director editorial de El Financiero, “hasta ahora varios jueces han mantenido la integridad de la Constitución y la ley” (20-07-2022) lo que traduce aí: “De AMLO, nos salvan los jueces”.
En conclusión, todo lo anterior y muchas otras cosas que son evidentes y hacen que el país siga adelante, permiten acreditar que: a) en México existe un verdadero estado de derecho; b) los jueces gozan de plena autonomía, y c) los medios de comunicación, así como sus integrantes, gozan de cabal libertad.