LAS MINORÍAS Y SU  TRASCENDENCIA EN MÉXICO.

Por Pedro Vargas Avalos

Recientemente se han registrado decisiones trascendentales en diversos aspectos de la vida nacional, los cuales nos acreditan la suma importancia de las minorías, sin olvidar que en toda democracia las mayorías  ejercen le rectoría de la república.

Los casos a que nos referimos son tres: a) en la Suprema Corte de Justicia, al declararse constitucional la nueva Ley Eléctrica; b) en el Poder Legislativo Federal, al combinarse las oposiciones y evitar que el partido en el gobierno alcanzara la mayoría calificada, requisito ineludible para modificar la Constitución; c) el ejercicio de Revocación de Mandato presidencial que no logró ser vinculatorio, al no votar el 40% de ciudadanos empadronados.

Lo anterior está relacionado con la representación de las minorías en las Cámaras de diputados y de senadores, que significando una parte de la nación, llega a esos recintos y forma la oposición al gobierno, en nuestro país, del actual régimen denominado de la Cuarta transformación (4T).

Para el notable republicano estadounidense Tomás Jefferson  (1743-1826), “La democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%”. En este caso estamos ante la dictadura de la mayoría, consecuentemente, de la represión de las minorías.

Nuestro distinguido tribuno, el tapatío Mariano Otero (1817-1850), reflexionando sobre ese tema, concluyó que, si el pueblo se integra por mayorías y minorías, la suma de ambas porciones es el total de la nación; por lo tanto, el destino de la república se debe fraguar por ambas partes,  sin olvidar que en democracia, la mayoría es quien dirige.

Resulta palmaria y muy persuasiva la idea del patriota Otero, forjador del juicio de amparo mexicano. Por ello, un perspicaz seguidor suyo, el Lic. Jesús Reyes Heroles (1921-1985), siendo líder del entonces todopoderoso PRI, cristalizó ese proyecto oteriano: A partir de 1962 hubo en el sistema parlamentario mexicano, los representantes de las minorías, que infortunadamente se conocieron como diputados de partido. Hoy son los llamados diputados de representación proporcional.

Decimos infortunadamente, porque no representan partidos sino a la minoría y, en conjunto con  los de mayoría, son la representación de todo el pueblo, es decir de la nación entera. Es por ello  que debe reformarse el procedimiento para elegir esos diputados, a efecto de que no sean “los de  arriba” quienes designen a los que llegarán a ocupar inmerecidamente una curul, sin más méritos que ser amigos o recomendados de las dirigencias partidarias.

Regresando al tema central de nuestro comentario, es decir, la trascendencia de las minorías, enumeramos como cuestión inicial, el reciente caso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en que declaró, el 7 de abril pasado, la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En general se trataba de una acción de inconstitucionalidad que iniciaron los senadores de minoría contra esa norma (LIE), misma que otorga respaldos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las grandes compañías privadas (sobre todo extranjeras) que recibieron en 2013, jugosos tratos, en detrimento de la CFE y de los consumidores mexicanos. Desahogada la sesión de la Corte (compuesta por 11 ministros, uno de ellos su presidente) se sometió a votación, sufragando 4 de ellos a favor y 7 en contra; como para declarar inconstitucional la LIE se requería de 8 votos, triunfó la minoría y la susodicha Ley quedó como constitucional. El acta correspondiente se aprobó por unanimidad y quedó firme aquella catalogación.

Este es un elocuente caso en que la minoría, se significa trascendentalmente en pro del estado de derecho, condición invariable que debe imperar en el país.

El segundo caso que nos induce a meditar sobre el papel de las minorías, es el referente a la iniciativa presidencial para reformar la Constitución, denominada de la reforma eléctrica y del litio. Hubo muchos debates sobre el tema, dividiéndose en dos grandes bandos: los que apoyaban la reforma, con el fin de darle autonomía a la república en el ramo eléctrico, y así derramar beneficios hacia los consumidores; y el otro bando, que con razones y falacias, conservaba la reforma de Enrique Peña Nieto del año 2013, muy favorecedora del sector privado y especialmente de empresas extranjeras.

Se dice que por no haber negociado Morena, esa Iniciativa, no se alcanzó la mayoría calificada que en estos casos exige la Carta Suprema para modificarla. Otros afirman que la tozudez de la oposición, que visceralmente rechazó la reforma, frustró la mencionada iniciativa. Lo cierto es que se votó el domingo 10 de abril reciente, y a favor votaron 275 diputados, en tanto que en contra hubo 223 sufragios: en consecuencia, al no haber mayoría calificada, se rechazó la iniciativa, con lo cual, la minoría  impuso su postura de antireforma.

Con el resultado anterior, los oposicionistas festinaron su “triunfo”, aunque la mayoría los tildó de “Traidores de la Patria”. El primer magistrado se sumó a este calificativo y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló a los diputados de oposición “por no pensar en su país sino en el beneficio propio”. Por su lado los patrones y sus guías aplaudieron a esa minoría. En cambio, una encuesta publicada el jueves 21 de abril (Massive Caller) reveló que un 65 % de mexicanos estaban de acuerdo en reputar a los diputados de las minorías como “traidores a la patria”. Y aquí surge la interrogante: para el bien de la república: ¿será correcto conservar esa disposición de la “mayoría calificada” que viene desde el siglo XIX?

Finalmente, en el caso de las consultas revocatorias, en que se exige un 40% de votantes para que sea vinculatoria (obligatoria en sus resultados), al ver como se llevó a cabo la del día 10 de este mes, al no lograr ese porcentaje, no produjo efectos jurídicos pero sí políticos. Esto porque las oposiciones, que por ahora son minorías,  prácticamente boicotearon el ejercicio electoral revocatorio y al no lograrse el multicitado 40% de participantes,  se sintieron complacidas; por otra parte, al constatar el gobierno que más del 90% del 17 por ciento que acudió a las urnas, apoyaron al presidente para que continuara en el desempeño de su cargo, el mandatario y su partido con sus aliados, se manifestaron contentos. 

Paradójicamente, todo mundo al parecer quedó satisfecho de este primer ejercicio de revocación de mandato. Pero evidentemente no es ese su objetivo, por lo cual se requiere sea adecuada la ley que regula estas prácticas democráticas, bajo la idea de que llegaron para quedarse.

La conclusión entonces es que, para mejorar la democracia, el estado derecho y la justicia mexicanas, se necesita legislar para que se purifiquen los procesos en que participan las minorías, comenzando con los diputados y senadores de representación proporcional, y concluyendo con la forma de implementar las reformas constitucionales, así como la realización de los procesos revocatorios. Pero hacer estas adecuaciones, obliga a que se actúe con alturas de miras, con verdadero espíritu democrático y con  genuino amor por nuestra Patria, pues de otra manera, se estaría, ahora sí, traicionando a los mexicanos y sus instituciones.

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