PODER JUDICIAL EN TURNO.
Por Pedro Vargas Avalos.
Lugar común es decir que el pueblo padece hambre y sed de justicia. Los políticos, los funcionarios, los empresarios, los religiosos y en general toda la población, hacen suya esa verdad. La constante repetición de ese concepto, parece disco rayado.
En nuestro sistema republicano, con su referente de división de poderes, toca a la rama judicial impartir la justicia. No porque a los otros dos ramos (legislativo y ejecutivo) se les impida, en su ámbito de competencia, hacer actos justicieros, sino porque la clásica concepción sobre administración de la justicia así lo contempla.
Los característicos órganos emblemáticos de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), son a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia, las Cámaras de la Unión (diputados y senadores) y el presidente de la república. Todos y cada uno debe actuar ajustados a derecho, lo que implica realicen acciones justas: dictar sentencias ecuánimes, redactar leyes equitativas y ejecutar operaciones intachables.
El grave problema del servicio público en cualesquiera de los ramos predichos, es que sus integrantes relegan la noción de que deben desempeñarse no por disfrutar cargos, posiciones o privilegios, sino por principios y convicciones. Al respecto tenemos suficientes ejemplos tanto en magistrados, ministros, jueces y miembros de organismos autónomos, que prefieren salvaguardar sus canonjías a conducirse con legitimidad, que es muy diferente a conforme la ley. La legitimidad incluye lo justo y lo razonable a la par de la norma; en cambio lo legal, solo requiere apego a la legislación, aunque esta sea inicua.
Por ello es indispensable que quienes ocupen los cargos en la administración pública, sean personas ajenas a la hipocresía, que no sean falsarios ni venales, es decir, ciudadanos competentes, honestos, con mística de servicio y sólida conciencia cívica, que actúen con rectitud, aplicando el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
Hoy por hoy se ha proclamado una cruzada contra la corrupción. Esta penetró hasta lo más recóndito del sector público, contagiando a veces al privado. La corrupción resulta incongruente en las áreas gubernamentales, pero cuando lo que se prostituye es la justicia, resulta degradante e inexcusable.
En consecuencia, el desafío por adecentar, modernizar y hacer genuina la administración de justicia mexicana, se tiene que vencer. Y el esfuerzo debe abarcar tanto el fuero federal como el estatal, porque en unos y otros, afirma el presidente del más encumbrado juzgado de la Nación: “quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un Tribunal o miente descaradamente”.
Pero ante lo tardo del actuar estatal, donde todo se soslaya ante la ansiedad por devengar jugosos salarios y disfrutar apetecibles privilegios, por lo pronto tocó el turno a la justicia federal, en virtud de lo cual comentaremos los avances que se registran en ese contorno, que ojalá sirvan de orientación para que los órganos judiciales en las Entidades Federativas, asuman su turno y los adopten o hasta mejoren.
El presidente de la república manifestó el 10 de agosto: “Los ministros que vienen del antiguo régimen, están acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. Menos van a estar pensando como Morelos, que decía: ‘Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte’. ¿Ustedes creen que ellos coinciden con eso? Nada más están al servicio del fuerte, no protegen, no ayudan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen agarraderas”. Sobre este tema, es pertinente aclarar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tomado decisiones para encarrilar al máximo tribunal, superando recias oposiciones de sus mismos pares y de infinidad de subalternos.
El mismo ministro Zaldívar, calificado por el primer mandatario como gente honrada, seria y responsable, declaró (El Universal, 9-8-21) que “tres redes de corrupción operaban en el poder judicial”, siendo una conformada por despachos de abogados muy influyentes, otra armada por políticos poderosos y finalmente la generada por la venalidad, todo agravado por la enraizada cuanto nefasta tacha del nepotismo dentro de la estructura de la Corte. Para erradicar esos vicios, se demanda poder, talento y voluntad férrea.
La tarea es de romanos, o sea, muy difícil, pero no imposible. A la fecha se aplica la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el 7 de junio anterior. Este ordenamiento, se segura trae muchísimos adelantos para que el poder judicial sea renovado, moderno, fresco, con mayor sensibilidad social y humana, dispuesto a servir de mejor manera al pueblo de México. Dentro de ello, enfatiza el ministro Zaldívar, “La justicia federal debe ser una vía de conciliación y de pacificación social; coadyuvar a tener un mejor país como instrumento para el desarrollo económico y social pero también para emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia”.
De lo anterior se deduce que ahora sí actuarán los jueces y magistrados anteponiendo el interés público, el de la nación y desde luego, impartiendo una justicia con rostro humano que llegue a los más pobres y marginados. Para lograr este último objetivo, anunció que se fortalece como nunca la Defensoría de Oficio, con lo cual se evitará, “La justicia de las clases burguesas”, que, según la notable luchadora social Rosa de Luxemburgo, es una especie de malla que permite escapar a los tiburones voraces, y solo atrapa a las indefensas sardinas. Desde luego, que no solo basta tener buenos juristas defensores, sino que los jueces apliquen las líneas socráticas: escuchar educadamente, acordar con conocimiento de causa, valorar sensatamente y resolver con prontitud e imparcialidad.
Otra meta del dirigente de la SCJN, es alcanzar la paridad de género, exponiendo que “ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos.” Eso sí, agregamos nosotros, ni con varones ni con damas, debe contemplarse una vuelta al pasado, ni más corrupción, ni una cultura de nepotismo.
Ojalá que en Jalisco se retomaran las ideas de nuestros grandes jurisconsultos, tales como Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta y Luis Manuel Rojas, para que muy pronto, el poder judicial y el foro jalisciense, volvieran a ser el faro de la justicia y la guía del derecho nacional, que en otros tiempos fue. Por todo lo anterior, es que consideramos que ya es tiempo de que el poder judicial del Estado, tome su turno y a la par de la justicia federal, honre nuestra historia y sirva verdaderamente a nuestro pueblo, lo cual solo puede ser si sus sentencias siempre se ajustan al precepto de que, “fuera de la ley nada y por arriba de ella, nadie”.