CIUDADANOS SITIADOS.

Por Pedro Vargas Avalos.

            Las garantías constitucionales establecen que los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho cívico-político de votar y ser votados. Esto es lógico porque nuestra misma máxima ley pregona tajantemente que la soberanía reside en el pueblo, y ni quien discuta que en materia electoral, los ciudadanos son quienes tienen como atributo exclusivo el ejercer sus derechos para que la soberanía popular  aterrice.

            Los derechos humanos universales sostienen como uno de ellos, todo lo que concierna a la materia política y desde luego, dentro de tal ramo destaca la cuestión electoral.

            Después de mucho batallar, en nuestra República se consiguió que hubiese candidaturas independientes, lo cual se concretiza legalmente al reformar la Carta Magna al respecto,  señalando a los Estados sus obligaciones para que los aspirantes a cargos de elección popular tengan reglas claras y apoyos para acceder al financiamiento púbico, así como a los medios de comunicación.

            Pero lo anterior está plasmado en la Constitución Federal, quedando dos escollos: las leyes secundarias a nivel federal y las que localmente implementen los congresos estatales. Y es en éste paso donde se puede echar por la borda lo que las luchas ciudadanas han logrado y la ley suprema ya recoge.

La nueva ley  electoral que cocinan los partidazos PRI,  PAN y PRD, con el concurso del Gobierno federal,  contiene requisitos que para poderlos cumplir quienes aspiren a obtener registro como candidatos independientes, habrán de sufrir.

 Dice el proyecto de marras, que espera  ser Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales –misma que relevará al Cofipe-, que el ciudadano que busque la candidatura presidencial, deberá recolectar firmas de apoyo equivalentes al 1 por ciento de la lista nominal de electores:¿Se imagina Ud., apreciado lector que un mexicano pueda recoger algo así como 783 mil firmas, repartidas cuando menos 17 entidades federativas?. La tarea se antoja de Romanos.

Y algo muy parecido les sucederá a  los aspirantes al senado, pues ellos deberán recabar 2 por ciento de firmas de al menos la mitad de los distritos del estado  que corresponda. Igualmente el valiente que busque ser diputado de mayoría, también  acreditará el 2 por ciento de firmas ciudadanas del distrito al que aspiren.

            Por otra parte, en el proyecto que se forja en el Congreso de la Unión, se pretende  que los candidatos independientes no podrán hacer campañas por radio y televisión, ni menos tener acceso al dinero público para lograr la meta de recabar las enormes sumas de firmas. Los ciudadanos quedarían con esa ley secundaria en calidad de sitiados.

            Y si de esa manera se está “negociando “ el ámbito federal, ya podemos meditar la forma como se conducirán en los Estadios, donde por lo general son más cicateros los legisladores,  cerradas las autoridades y mucho menos atendidas las organizaciones cívico-políticas. Aquí más que sitiados, los ciudadanos quedarían enclaustrados.

            Los partidos políticos y los gobiernos, tienen la ineludible obligación de promover los procesos democráticos; facilitar la participación de los ciudadanos para que puedan competir como candidatos independientes, es la oportunidad de que al menos una vez demuestren que si les interesa legislar  a favor del pueblo.

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