El Plan B electoral: austeridad y reforma institucional

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

Después del fallido plan electoral presentado por la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), que no alcanzó la mayoría calificada —por el abandono de los aliados de MORENA— para formar parte de la Constitución Política de la República, la presidenta presentó lo que se conoce como Plan B Electoral (PBE).

El Senado lo recibió y rápidamente le dio el trámite que toda iniciativa merece. Se considera que se aprobará por la vía ordinaria y que se incorporará a la Ley Suprema en unas cuantas semanas, con el fin de que sus disposiciones sean aplicables durante el proceso electoral de 2027. El plazo para llevar a cabo todo el procedimiento de reforma vence el 30 de mayo próximo.

En su iniciativa, la primera magistrada federal indica que “la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población nacional”, hechos que la ciudadanía pidió erradicar cuando votó el 1 de julio de 2018.

Por ello, ahora busca acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues —asegura la gobernante— el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto. Como afirma el principio: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre.

Para remediar lo anterior, expone CSP: “se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México ajuste sus remuneraciones a los límites establecidos en el artículo 127 de la propia Constitución”.

Al respecto, considera que deben determinarse los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos utilizando fondos del Estado, como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales.

Políticos al estilo de Óscar Espinoza Villarreal —aquel priista que fue el postrer regente del DF— confeccionaron en Nacional Financiera sistemas de retiro que se autoaplicaron impúdicamente, con el silencio culpable de sus jefes políticos. Claro que la propuesta de reforma no incluye aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos provenga de normas vigentes, de contratos colectivos o de condiciones generales de trabajo.

En la prohibición para órganos gastalones quedan incluidos los egresos onerosos del Senado y de los congresos estatales; de paso, también los ajustes llegarán —lo cual es muy necesario— a los ayuntamientos, que suelen ser muy dispendiosos y, por tal motivo, las obras y servicios que están a su cargo resultan frecuentemente deficientes.

Por cierto, los congresos locales no solo tendrán el límite en los sueldos de sus integrantes, sino que además estarán sujetos a la no reelección inmediata —viejo ideal de la Revolución maderista de 1910— y a la observancia de la ley antinepotismo, con lo cual en ningún caso “podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación”.

Finalmente, se habrá de fijar en las constituciones locales que el presupuesto anual de las legislaturas estatales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Los ayuntamientos, por lo general muy crecidos en número de integrantes y altos funcionarios, tendrán un valladar constitucional —además del referente a salarios menores que el del presidente de la República— para su integración: un máximo de 15 regidores más un síndico.

De esta forma, fortalecerán su presupuesto, pues los recursos públicos que se liberen como consecuencia de la reducción o ajuste en la integración de dichos órganos de gobierno municipal se destinarán al ámbito presupuestal de la propia localidad, fortaleciendo su hacienda pública y permitiendo mayores recursos para servicios públicos municipales, obra pública local y acciones que incidan directamente en el bienestar de la población. En este capítulo de los ayuntamientos se ratifica la prohibición del nepotismo en los cargos de elección popular.

Por cierto, las oposiciones ya tomaban vuelo para criticar la iniciativa, pero en el Senado se advirtió y anunció que se harán correcciones al artículo 115 constitucional para reintegrar el “principio de paridad” en la conformación del órgano de gobierno municipal, que “por una omisión” se eliminó en la propuesta presidencial, así como una modificación a ese mismo ordenamiento para eliminar el tope mínimo en el número de regidurías en los ayuntamientos —fijado en siete— y dejar únicamente el máximo de 15 (La Jornada, 19-III-2026).

Otro tópico que aborda el multicitado Plan B se refiere a la revocación de mandato, figura democrática introducida en el sexenio previo al actual, proyectada para realizarse el próximo año, aunque ahora se plantea que pudiera efectuarse en 2028, si así lo solicita la ciudadanía. Esta institución reconoce en el pueblo su atribución plena de la soberanía y, por ello, los ciudadanos pueden, en ejercicio de su derecho, separar a gobernantes corruptos o ineptos. Como afirma el principio: el pueblo pone y el pueblo quita. En la modificación en estudio se precisa la posibilidad de que el titular del Ejecutivo pueda, sin hacer campañas por partidos o candidatos, promover la participación popular en la revocación, en los términos de la ley correspondiente.

En esta ocasión, tanto los partidos aliados a MORENA como los gobernadores de la Cuarta Transformación emitieron tajantes mensajes de apoyo a las propuestas de la presidenta CSP.

En un desplegado, los ejecutivos —24— de la 4T manifestaron su respaldo al Plan B, lo que implica que avalan la disminución del monto destinado a los congresos locales y al número de regidores que integran los cabildos, así como la eliminación de privilegios para los funcionarios públicos y la erradicación de sueldos exorbitantes (Mañanera, 18-III-2026).

El Partido del Trabajo (PT), MORENA y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declararon su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Plan B. Reginaldo Sandoval, por el PT, señaló que “la unidad es clave para avanzar con determinación en la Cuarta Transformación y trabajar por el bienestar del pueblo mexicano”, y afirmó que están con CSP no al cien, sino al doscientos por ciento. Carlos Puente, diputado del Partido Verde, aseguró que el Plan B de la reforma electoral “empodera más a la gente”.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, explicó en entrevista con José Cárdenas que su bancada decidió respaldar el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta, al encontrar coincidencias en temas clave como la reducción del gasto en congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, con el objetivo de generar ahorros que se destinen a obra pública y programas sociales. Agregó otros puntos, como la posibilidad de realizar la revocación de mandato en 2027 o 2028, y defendió los cambios relacionados con consultas populares y la reducción del presupuesto legislativo, asegurando que el planteamiento busca mayor eficiencia en el gasto público y mejores beneficios para la ciudadanía.

Por lo que respecta a MORENA, ni se diga: Luisa María Alcalde Luján, dirigente del partido, exaltó el gobierno de la 4T y ponderó las cualidades republicanas de la presidenta CSP, destacando los avances que conlleva la iniciativa del Plan B.

En conclusión, de aprobarse el Plan B electoral se dará un paso más en el afán de que impere la austeridad en el ámbito electoral, se generen ahorros que se destinen a servicios y obras en favor de la comunidad, se fortalezcan los sistemas democráticos y la fiscalización de los recursos públicos, así como una mayor participación de la sociedad en los procesos políticos de estados y municipios.

EL PLAN “B” ELECTORAL, SUS RESPALDOS Y ASEGUNES.

Pedro Vargas Avalos

 Después del desamparado Plan Electoral presentado por la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), que como es del conocimiento general no alcanzó la mayoría calificada -por el abandono de los aliados de MORENA- para formar parte de la Constitución Política de la República, se presentó por la Presidenta lo que se conoce como Plan “B” Electoral (PBE). El Senado lo recibió el pasado 17 de marzo y rápidamente le dio el despacho que toda iniciativa merece. Se considera que se aprobará con trámite ordinario, y que se incorporará a la ley Suprema en unas cuantas semanas, con el fin de que sean leyes vigentes aplicables durante el proceso electoral de 2027. El plazo para llevar a cabo todo el procedimiento de reforma vence el 30 de mayo venidero.

                En su iniciativa, la primera magistrada federal, indica que “La desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población nacional”, hechos que la ciudadanía pidió se terminaran, cuanto votó el domingo uno de  julio del  2018. Por ello ahora busca acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues asegura la gobernante, que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto. Como afirma un principio: No debe haber gobierno rico con pueblo pobre.

                Para remediar lo anterior, expone CSP: “se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia Constitución”. Al respecto, considera que deben determinarse los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando fondos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales. En este renglón, políticos al estilo de Oscar Espinoza Villarreal (aquel priista que fue el postrer Regente del DF) quien él mismo confeccionó en Nacional Financiera, un sistema de retiro que se autoaplicó impúdicamente, con el silencio culpable de sus jefes políticos. Claro que la propuesta de reforma no incluye aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos provenga de normas vigentes, de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. En la prohibición para órganos gastalones, quedan incluidos los egresos onerosos del Senado y de los Congresos estatales; de paso también los ajustes llegarán -lo cual es muy necesario- a los ayuntamientos, que suelen ser muy dispendiosos y por tal motivo -o sea, la carencia de recursos- las obras y servicios que están a su cargo son muy mediocres.

                Por cierto, que los Congresos locales tienen no solo el límite de los sueldos de sus integrantes (menores al de la Presidenta del país) sino que además estarán sujetos a la no reelección inmediata, que es el viejo ideal de la revolución maderista de 1910, y a la observancia de la ley antinepotismo, con lo cual en ningún caso, “podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”. Finalmente, se habrá de fijar en las Constituciones locales que el presupuesto anual de las legislaturas estatales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

                Los ayuntamientos, por lo general muy crecidos en número de integrantes (presidente municipal, regidores y síndico) y altos funcionarios, tendrán un valladar constitucional -además del referente a salarios menores que el presidente de la república- para integrarse: un máximo de 15 regidores más un síndico. Con esta forma, fortalecerán su presupuesto, pues los recursos públicos que se liberen como consecuencia de la reducción o ajuste en la integración de dichos órganos de gobierno municipal se sumarán al ámbito presupuestal de la propia localidad, fortaleciendo su hacienda pública y así poseer caudales que se destinarán a servicios públicos municipales, obra pública local y en general acciones que incidan directamente en el bienestar de la población. En este capítulo de los ayuntamientos, se ratifica la prohibición del nepotismo en los cargos de elección popular.

                Por cierto, las oposiciones ya tomaban vuelo para criticar la iniciativa, pero en el Senado se advirtió y anunció que hará corrección en el artículo 115 constitucional para reintegrar el “principio de paridad” al conformar el órgano de gobierno municipal, que “por una omisión” se eliminó en la propuesta presidencial, y una modificación a ese mismo ordenamiento, a fin de quitar el tope mínimo en el número de regidurías en los ayuntamientos –fijado en siete– y sólo dejar el máximo de 15. (La Jornada, 19-III-026).

                Otro tópico que toca el multicitado Plan B, se refiere a la revocación de mandato, figura democrática introducida en el sexenio previo al actual, y que está proyectado a realizarse el próximo año, aunque ahora se plantea pudiera ser el 2028, si así lo pide la ciudadanía. Esta institución (revocación de mandato), reconoce en el pueblo su atribución plena de la soberanía, y por ello, los ciudadanos pueden en ejercicio de su derecho, separar gobernantes corruptos o ineptos. Como afirma el principio: El pueblo pone y el pueblo quita. En la modificación que está en estudio, se precisa la posibilidad de que el titular del ejecutivo pueda, sin hacer campañas por partidos o candidatos, promover la participación popular en la revocación, en los términos de la ley correspondiente.

                En esta ocasión, tanto los partidos aliados a MORENA, como los gobernadores de la Cuarta Transformación, emitieron tajantes mensajes de apoyo a las propuestas de la Presidenta CSP. En un desplegado, los ejecutivos -24- de la 4T, manifestaron su respaldo al plan B, lo que implica que avalan la disminución del monto de lo que corresponde a los Congresos locales y al número de regidores que integran los cabildos, así como que no haya privilegios para los funcionarios públicos y desde luego, no haya sueldos exorbitantes. (Mañanera,18-III-026).

                El Partido del Trabajo -PT- , Morena y el  Partido Verde Ecologista de México, -PVEM- declararon su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Plan B. Reginaldo Sandoval, por los del Trabajo, asentó que “La unidad es clave para avanzar con determinación en la Cuarta Transformación y trabajar por el bienestar del pueblo mexicano”, rematando que no al cien sino al doscientos por ciento estaban con CSP. Carlos Puente, diputado del Partido Verde, aseguró que el Plan B de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum ‘empodera más a la gente’. Y Manuel Velasco, coordinador del partido verde en el senado, en entrevista con José Cárdenas, explicó que su bancada decidió respaldar el llamado ‘Plan B‘ de reforma electoral impulsado por la presidenta, porque encontraron coincidencias en temas clave como la reducción del gasto en congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, con el objetivo de generar ahorros que se destinen a obra pública y programas sociales, agregando otros puntos, como la posibilidad de realizar revocación de mandato en 2027 o 2028, y defendió los cambios relacionados con consultas populares y la reducción del presupuesto legislativo, asegurando que el planteamiento busca mayor eficiencia en el gasto público y mejores beneficios para la ciudadanía. Por lo que ve a MORENA, ni se diga; Ma. Luis Alcalde Luján, la dirigente, exaltó el gobierno de la 4T y ponderó las cualidades republicanas de la presidenta CSP, especificando los avances que conlleva la iniciativa del Plan B.                 En conclusión, de aprobarse el Plan B electoral, se dará un paso más en el afán de que impere la austeridad en el ramo de elecciones, se logren ahorros que se derramarían para servicios y obras en pro de la comunidad, se mejoren los sistemas democráticos y para fiscalizar los recursos públicos, así como conceder más participación a la sociedad en los procesos políticos de Estados y municipios.s

21 de marzo: ¿cuál primavera?

Juan M. Negrete

El día de hoy es una fecha memoriosa. Desde niños se nos enseña lo de la rotación de las estaciones. Se identifican a cuatro de ellas y se ponen en un círculo a dar vueltas. El conteo inicia con la primavera, luego el verano. Se sigue con el otoño, cerrano con el invierno. Vuelve otra vez la primavera y ahí le seguimos.

El día de hoy camina el inicio de la rotación. Quien lo desee tiene derecho a celebrar, festejar, rememorar o a lo que quiera hacer con estos datos fácticos, establecidos por las rutinas del dios Cronos. Como los inviernos suelen ser tan duros en el norte del planeta, eso de que lleguen a su final alegra a todos los corazones y pone a todos contentos. Quien lo niegue, será mirado como un amargado más, de los muchos que pueblan el planeta y nos acompañan en la aventura existencial.

La idea fija tiene que ver con la floración de los árboles pelones, disecados primero por el otoño y luego por el frío. Como que todos los seres vivos vamos a salir de un largo período de latencia. Algunos exageran, como los osos, que se encierran en cavernas para dormir un largo sueño de hibernación. Pero finalmente hasta ellos despiertan y salen al campo, expectorantes y gritones, a gozar del grato aroma de las flores y del mundo reverdecido. Hay que soltar pues las campanas al viento.

Pero esto se limita a meros registros cronológicos, al arranque de las hojas de los almanaques, a señalar con el índice las fechas de los calendarios. Porque en el mundo de los humanos, en las cosas que ocupan nuestra atención en realidad, como que no podemos dejar que se nos desborde el optimismo. Si lo hacemos, pecaríamos de fantasiosos. Nos contradirán los acontecimientos más palmarios, tan a la mano que ni siquiera necesitamos mencionarlos. Pero habrá que hacerlo.

Lo primero a constatar es la situación bélica en los diferentes frentes del planeta. La guerra que se sostiene desde hace tres años en Ucrania no tiene solución de continuidad. Hay una confrontación sangrienta que ha diezmado tanto a tirios como a troyanos, como reza el argot clásico. Se desangra el agresor como el que se defiende, al grado de que sólo nos queda el juicio burdo de afirmar que la tal guerra sigue empantanada.

Hay analistas desbalanceados, como siempre en todo conflicto. Algunos hasta dan ya por vencedor al bando de sus preferencias. Por ejemplo, la prensa occidental minimizó desde el principio los avances rusos en el frente de batalla y hasta se llegó a leer que era cuestión de días nada más para que los ucranianos se alzaran con el grito final de la victoria. Era la visión británica extendida, a la que se adherían sin sentido crítico alguno muchas de las voces de la OTAN. Versión optimista de Occidente. Pero la tal victoria, tan supuesta, nada más no apuntaba por ninguna parte.

Mas dejemos a Ucrania, que es boruca vieja. Vengamos a nuestros patios, que también arden en llamas. El día tres del año en curso, los gringos secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa. Tras un despliegue previo de las fuerzas marítimas gringas por el Caribe, le metieron cerrojo a su atrevimiento, a sus caprichos e ilegalidades, y fueron a sacar de su espacio privado al presidente. Un atrevimiento ilegal y absurdo, que rompió con cuanta variable establecida se revise, fue cantado por la difusión mediática imperial como una hazaña, como un logro con tintes épicos. ¡Habrase visto! Y de esto somos testigos todos los que aún estamos vivos, a pesar de tanta demencia.

Para ahondar en semejantes locuras, a las que se busca justificar con narrativas ridículas como la doctrina Donroe, la gringada en el poder aprieta la tuerca del bloqueo a la hermana isla de Cuba, que ya lleva padeciéndolo arriba de seis décadas, y canta a voz en cuello que ha llegado a su fin el régimen cubano (lo que esta cantaleta quiera significar).

Si se le buscan chichis a las culebras, lo que encierran tales discursos disparatados ha de ser que, así como Maduro fue secuestrado, a Díaz Canel, el actual presidente cubano, se le aplicará también la misma amarga medicina. O tal vez alguna peor, como la que le aplicaron al líder de la revolución islámica de Irán, que terminó ejecutado tras una incursión armada, dirigida a buen seguro, a eliminarlo físicamente.

De los tres cabecillas líderes, entendidos como irreconciliables enemigos del imperio gringo, habrá que hacer el recuento. Maduro está retenido y preso en las mazmorras gringas. Dizque lo van a juzgar. Quién sabe bajo qué cargos, porque el de líder del cartel de los soles ya fue descartado. Era de suponerse que al secuestrar a Maduro, el gobierno chavista de Venezuela quedaría acéfalo y sería suplido por títeres de conveniencia. Pero, por ejemplo, a la María Corina Machado, la desecharon los gringos como elemento chafa. Y los venezolanos resolvieron la ausencia definitiva de su presidente electo por la vía de la legalidad establecida. El gobierno de Venezuela sigue vivito y coleando entonces. Si se quedarán los gringos con el petróleo venezolano y su riqueza minera, habrá de verse todavía.

Alí Jameini, el gobernante persa, ya fue decapitado, aunque los iraníes se dieron de inmediato a la tarea de sustituirlo y pusieron en su lugar al propio hijo del viejo ayatola sacrificado. O sea, el poder iraní no ha sido desmantelado tampoco. La guerra desatada por el sionismo hegemonista y el imperio yankee les vino a ser empantanada por los iraníes agredidos, en todos los frentes, al grado de que los invasores ya no hayan la puerta. Hay indicadores que apuntan a una seria derrota tanto del imperio en decadencia como de los aprendices de nazis que son los sionistas.

Y, bueno, con Cuba, Díaz Canel no ha sido retenido. El bloqueo parece seguir siendo lo mismo de siempre. ¿Qué más vendrá? ¿Se atreverán los gringos a desatar la ofensiva final contra este pueblo heroico? Veremos.

El pleito es por el dinero

Juan M. Negrete

El dinero es sangre del corazón, les oíamos pontificar a nuestros abuelos. Y tenían toda la razón del mundo. Por causa del dinero se desatan las bullas, pero también se aplacan los ánimos. No hay que buscar a la mujer, para hallarle la punta a un litigio, según la policía francesa. Lo que hay que buscar es lo que entrevera el dinero. Pero esto es ciencia vieja.

Vino a aparecer con toda su fuerza en el escenario nacional, por los días que corren, esto precisamente. La presidenta envió a los legisladores una iniciativa de reforma electoral, que lleva días y meses debatiéndose en conversaciones cotidianas. La había propuesto ya AMLO, pero se la rechazaron. Se justificó por no tener fuerza legislativa suficiente para alcanzar el tope de la mayoría calificada. Y ni modo: a las gavetas.

Luego, como sonsonete de campaña, doña Claudia y todos los jilgueros que andaban de candidatos nos repitieron la consigna hasta el cansancio. Se le denominó plan C. Era pues uno de los logros por conseguir: obtener en las urnas el número de legisladores necesarios para contar con la mayoría calificada y, ya con tales cuentas, sacar adelante la iniciativa de la buscada reforma electoral.

Para la composición de las cámaras, derivada de los números en las urnas, se armaron buenas trifulcas por fijar las cuentas que correspondían a los partidos, reflejadas en curules. Hubo jaloneos y disputas abiertas. La oposición sostenía que los ganones, léase Morena y sus aliados, no habían obtenido en las urnas los dos tercios de los votos de los electores. Por lo tanto, no tenía que aceptarse como legal la cifra que les diera mayoría calificada. Al final, se impuso esta variable y desde el poder pudo echarse a andar la dinámica de acuerdos mayoritarios, pues se contaba con ella. Así habíamos quedado y en tales acuerdos se movían las aguas.

Con toda la parsimonia y la seguridad que dan semejantes resultados, convenidos en pasos de gobernanza, doña Claudia y su equipo enfrentaron a la oposición para sacar adelante las medidas pertinentes que le dan tales números. Tal vez la más contundente de las que hemos vivido en los últimos años vino a ser la reforma judicial, en donde los ministros de la suprema corte de justicia de la nación fueron sometidos al dictamen del voto popular. Teniendo en las manos la varita de virtud de la mayoría calificada, éste y cualquier otro cambio podía ser subido al estrado y quedarse a esperar el resultado aprobatorio.

Con tal confianza, tras haber obtenido algunos logros importantes positivos, desde la presicencia elevó doña Claudia la propuesta de la reforma electoral. No estaba ésta durmiendo el sueño de los justos, sino esperando el momento preciso para ser elevada a los plenos y votada, en caso de obtener los consensos necesarios para tal proceso. La presidenta la anunció, con bombo y platillos. Se abrió un proceso de discusión popular en su torno, lo que se conoce como parlamento abierto. Encuestas, foros, publicidad, cuanta fórmula de ruido ocupara, para que llegara al foro parlamentario, alegando un amplio conocimiento popular.

Su contenido central versaba sobre los dineros públicos. Para el gasto operativo de nuestros procesos electorales, se proponía reducir sus costos en un 25%. Se propuso también una reducción igual al dinero que se les entrega a los partidos, para que retocen en sus praderas, cuando se vienen las disputas por los puestos públicos. Aparte de estas partidas, que están más que claras, se propuso cambiar el formato de elección de los diputados plurinominales. La idea era que ya no fueran listas presentadas por los partidos, sin la participación de los electores, sino sometidas a este veredicto, que es lo que le da sentido a las disputas democráticas.

Pues se nos vino lo inesperado. O tal vez no lo era tanto. Aparte del refrán dictado al inicio de estas parrafadas, hay otros más duros que usa nuestra población. Uno reza, cruel: En puercos, todo es dinero; pero en dinero, todos somos puercos. Y se nota que no está tan equivocada nuestra gente, al emitir juicios tan duros.

Se dice en la tradición popular una premática, que se le atribuye a un tal ‘tlacuache’ Garizurieta: Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error. Pareciera que la mentalidad de nuestros políticos en activo no se ha alejado mucho de esta dogmática. Es posible que en el resto del mundo, la fatalidad de la subordinación de nuestros actos a la variable del lucro mantenga indeleble su línea. Pero no dispersemos la atención. Quedémonos con nuestros actores de opereta.

Los personajes de la oposición abierta, que se dicen pulcros y atinados, se fueron contra la iniciativa y desde el principio juraron y perjuraron que la rechazarían del todo por el todo. Así lo hicieron. Da lo mismo mentar al ominoso PRIAN que al aprendiz de brujo del MC. Eran votos inalcanzables e inflexibles. Era lo esperado pues. Pero aunque operaran juntos todos, no les iba a alcanzar su cifra para que el resultado fuera aprobado con números de mayoría calificada.

La gran sorpresa, porque muchos no lo esperaban, vino a ser el dato de que los dos partidos aliados a Morena, el PT y el Verde, sumaron su fuerza a los votos de la oposición y dieron al traste con la iniciativa. Ni siquiera le dieron champú de subir a la tribuna para su discusión, de si era viable o conveniente para el derrotero de nuestras cuitas. Le apagaron el ocote a nuestra presidenta y nos lo apagaron a todos los que alimentábamos alguna ilusión de que estaban con el grueso de la población. Aunque la apoyara el 80% de la población, le dieron palo.

A leguas es visible que les ganó su voluntad legislativa el gusanito de las ganancias, que se echan del dinero público a la bolsa. ¿Cómo ponerlo en riesgo? Ni locos que estuvieran. Ahora juran que le darán su apoyo total al plan B. Ya lo discutiremos. Pero, sobre todo, ya veremos.