LA CONSULTA POPULAR, EJERCICIO CÍVICO ALENTADOR

Por Pedro Vargas Avalos.

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y en materia de prácticas democráticas el pueblo mexicano tiene el inminente uno de agosto, la gran cita para consolidar su andadura votante, apenas vitalizada en los comicios de 2018, tras más de un siglo de ficciones electorales. Desde Madero, para ser precisos.

Se han vencido enormes reticencias, necias oposiciones, soterrados impedimentos; pero al fin, luego de adicionarse la Constitución Federal en su artículo 35, fracción VII,  millones de mexicanos, con el apoyo del legislativo y del poder ejecutivo,  lograron que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) aprobara (con modificaciones) como constitucional, la convocatoria de consulta popular para que los ciudadanos digan: sí o no, al enjuiciamiento de quienes sumieron durante los recientes lustros a la nación, en una especie de foso, mismo que concluyó como un patente despeñadero. 

Todavía el Instituto Nacional Electoral (INE) observó una actitud renuente, aduciendo insuficiencia presupuestal, luego que sus consejeros y altos funcionarios, se despachan con la cuchara gorda gastando y cobrando a manos llenas, aún de manera anticonstitucional. Pero para esta especie de plebiscito no había recursos. No encontró eco en sus demandas de dinero y, obligado a organizar la Consulta, vino a recortar el número de casillas, a mas o menos una tercera parte de las que instaló en las elecciones de junio.

La difusión del ejercicio electivo, no fue animado oficialmente sino hasta el día 15 de julio. Y en las conferencias y declaraciones del presidente del INE, se enfatizaba que no era la Consulta para decidir el enjuiciamiento de los expresidentes de la república (como inicialmente lo había planteado el actual primer mandatario), sino simple y llanamente, decir “si” o “no”, a la pregunta que aprobó la SCJN, que dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Tal como se aprecia, la interrogación, de ser simple como se propuso originalmente pues se precisaba el nombre de los exmandatarios nacionales desde Carlos Salinas, ahora quedó compleja, barroca, y para muchos sufragantes, casi ininteligible. Se pidió a la Corte que aclarara esos términos, pero no se obtuvo respuesta. Empero, los ciudadanos se han concientizado de que se trata de emitir su voto para juzgar, sí o no,  a dichos exmandatarios.

Para los partidos de oposición, nada atractivo resultó esta convocatoria plebiscitaria. Los panistas sostienen que es una “payasada”: Damián Alcázar, exlíder blanquiazul, así lo afirmó. Y Markito Cortés, en sus medianías, sostiene que los dineros que se gastarán en la Consulta, deberían usarse para comprar medicinas, con lo cual se exhibe como el gran ignorante, pues ese gasto está etiquetado en el presupuesto del INE, y no tiene otro destino que dicha Consulta.

Los priistas, que desde Salinas (e incluso De la Madrid, el introductor del neoliberalismo) hasta Peña Nieto, no tienen punto de apoyo para defenderlos, se muestran reacios y no hacen mayor esfuerzo para difundir el tema de la Consulta. Esa pose mediocre le caerá como pesada loza.

El mismo AMLO, aunque respalda este acto democrático, declaró que no votará porque es de la idea de que en relación a los expresidentes, se debe partir de que ya es un punto y aparte. Pero eso sí, sostiene que si el pueblo lo manda, secundará que se enjuicie a los susodichos mandamases neoliberales: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

El partido en el poder, MORENA,  ha puesto todo su vigor en promover la participación de la ciudadanía en la Consulta del uno de agosto. Y lo mismo hacen sus aliados, el Partido del Trabajo y en menor escala, el Verde. Igual varios organismos independientes (como el Ejército Zapatista de Liberación Nacioal) o activistas sin partido.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a las personas a participar en la multicitada consulta popular, y por aquello de que, “quien se quema con leche, hasta al jocoque le sopla”,  aclaró que su promoción es gratuita, teniendo en cuenta la que le pasó a la esposa de Fosfo Fosco, apodo de Samuel García,  el criticado gobernador electo de Nuevo León: el INE le impuso una multa por haber sido impulsado en redes sociales por su cónyuge (la influencer Mariana Rodríguez Cantú), siendo él candidato.

La llamada prensa nacional, o tradicional, ha sido remisa, salvo honrosas excepciones, en divulgar la Consulta y exhortar la participación ciudadana. Pero concurrir a votar en estos ejercicios, fortalece la conciencia cívica, refuerza los derechos de los individuos y con ello se consolida la democracia.

Es cierto que la ley suprema del país, establece un porcentaje de votación para que el resultado de la Consulta sea vinculante, es decir obligatorio para las autoridades, y lo ideal es que se logre. Sin embargo, aún suponiendo que no se alcance la proporción exigida, será socialmente útil que la población manifieste su valoración, y se pronuncie sobre los que gobernaron a la república y la desplomaron.

Por lo anterior, es que todo ciudadano con responsabilidad cívica, debe acudir a las urnas y emitir su voto el domingo uno de agosto. El sí se impondrá, auguran los conocedores de estos menesteres; empero, si no se está de acuerdo, participar será la mejor oportunidad para demostrarlo, puesto que el “no”, también es respuesta lícita. Refugiarse en actitudes de avestruz, no es válido y mucho menos democrático: acudamos a las urnas y fortalezcamos nuestro civismo.

BANCARROTA MORAL

Por Pedro Vargas Avalos

Nuestra república, tras larga hegemonía de gobiernos antipopulares, entreguistas y corruptos, ahora se debate en profunda crisis sobre si continúa su titánica lucha para recobrar la plenitud de la soberanía, abatir la corrupción que la atrasó, volver al campo de la democracia y autentificar el goce de los derechos humanos.

Para lograr esos objetivos, ciudadanos e instituciones debemos conducirnos con integridad plena y ajustarnos a las exigencias de la justicia, cuyas bases se sostienen en la legitimidad, es decir, la coincidencia de la razón y la ley.

Un Estado nacional que no logra sus fines esenciales, es un Estado fallido, aunque no aniquilado. Para recobrar su destino, necesita reandar su trayecto a partir del momento en que se extravió, recuperando sus metas genuinas y ampliando sus horizontes.

 Desde luego que nuestra patria no es un Estado fallido, aunque estuvo a punto de llegar a serlo, de haberse continuado su marcha hacia el abismo, según lo acredita nuestra historia reciente (señaladamente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto).

Un aspecto fundamental que se debe superar para que México sea fuerte, soberano, justo y próspero, es lo moral, que, de acuerdo a la Academia de la Lengua, es lo “Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia”, lo cual complementa el diccionario Oxford, esto es, “saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos, no solo de carácter teórico, sino también práctico, ya que se orienta a dirigir las conductas al bien”.

En relación a lo precedente, debemos hacer un recuento de como se actúa por particulares y servidores públicos, así como sectores público y privado, en nuestro país y su entorno. En este ámbito (que es internacional), debemos al menos mencionar a Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala y España.

Utilizando la concepción del periodista Antonio Rosas Landa, cuando un país usa efectivos entrenados para detener a individuos o familias que huyen desesperadas de la pobreza, la violencia, la persecución y el hambre, es la bancarrota moral de esa nación: este es el caso típico de la nación del Tío Sam en la actualidad.

Ah, pero no se trate de apreciar el contexto mundial, porque allí, el bifronte Estados Unidos, que en su moneda tiene moldeado en inglés “en Dios confiamos”, en los hechos lleva hambre, muerte, destrucción o al menos obstrucciones, a los regímenes que “no tienen sus intereses en su forma de gobernar”.

En la vecina del sur, Guatemala, la penuria, el atraso social y los desgobiernos que ha padecido, la han sumido en una crónica quiebra socio-económica y política, semejante a la triste situación de varios países del Caribe y Centroamérica, por no citar otros lugares del orbe.

Por lo que ve a España, la entrañable “madre patria” de muchísimos mexicanos, su gobierno se comporta de tal forma, que no podemos dejar de considerarlo hipócrita: siendo un Estado que por naturaleza debería ser federativo, se obstina en ser centralista, y siendo totalmente plural, es arbitrariamente unitario. En consecuencia, no fue sensible a la petición de que ofreciera disculpas por los tres siglos de asesinatos, pillaje y ultrajes que asestó a nuestros indígenas, mestizos y connacionales en general. Lo cual si hizo el gobierno catalán y a nombre del catolicismo ha hecho el Papa a los sudamericanos.

En ese renglón, los países antedichos, sufren de bancarrota moral. No así nuestro México, que se ha disculpado ante pueblos oriundos, avecindados chinos o descendientes de afros.

Empero, hoy por hoy vivimos un delicado momento. Miguel de la Madrid, neoliberal pero no tonto, en diciembre de 1982, afirmaba que en “el México de nuestros días, nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social”. Lástima que, como político falaz, faltó a su deber y nos impuso al nefasto Carlos Salinas, no solo por medio del afrentoso “dedazo”, sino propiciando en las elecciones la “caída del sistema”, suceso paradigma de inmoralidad.

Salinas, el ultra neoliberal, ignoró a la izquierda (decía al respecto: ni los veo ni los oigo), desconoció gobernadores a su capricho, hizo arreglos “en lo oscurito” con los panistas, y se dio el lujo de recetarnos dos dedazos, lo que implicó el sacrificio de Luis Donaldo Colosio. Así arribó al poder Ernesto Zedillo, quien entre otras lindezas cometió “el error de diciembre” y de allí estuvimos los mexicanos en un vórtice que desembocó en el maldito FOBAPROA, deuda casi impagable que sigue haciendo estragos a las finanzas públicas, y con ello atrancando el desarrollo nacional.

Zedillo, el de la “sana distancia” con su partido (el PRI) tuvo que ver con la entrega de la estafeta presidencial al locuaz y frívolo Vicente Fox, proveniente del panismo, pero fiel ejemplo de lo que es el prianismo, excelente prototipo del gatopardismo: cambiemos todo para seguir igual. De esa manera se pudrió la esperanza del pueblo en la anhelada “transición democrática”. 

Luego sobrevino la mascarada del desafuero a Andrés Manuel López Obrador, el robo de la elección presidencial de 2006, arribo de Felipe Calderón a la presidencia, “haga sido como haiga sido”, lo cual es el colmo de indecencia. Y así prosiguió el quehacer público con el retorno priísta, cuyo abanderado Enrique Peña Nieto, y muchos gobernadores de su tiempo, hicieron de la corrupción, la impunidad y el entreguismo, una religión.

Por ello, para el pueblo, si un político en campaña promete hacer o no hacer, tal o cual cosa, y ya en el poder incumple o hasta actúa en contra de su compromiso, además de deshonesto, es lo esperado. Y lo mismo creen del juez o magistrado que omite aplicar la ley o peor, procede en contra de ella: es perverso. Lo mismo se puede decir de los fiscales o ministerios públicos que se conducen inducidos por la infidelidad, y son causa de la injusticia.

Los funcionarios al estilo de los consejeros del INE, la Comisión Federal de Competencia, el Banco de México, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos autónomos donde se ampararon para ganar más que el presidente de la República, es claro que abominan la constitución federal:  esta ordena que no ganen más que el presidente, pero ellos, utilizan leguleyadas para cobrar casi el doble de lo que percibe el primer mandatario; son inmorales en grado sumo. Y así los cataloga la ciudadanía, la cual califica de parecida forma a los siguientes:

Los exgobernadores, casi una veintena, que saquearon sus estados y pisotearon las leyes, significan la quiebra moral de esa clase de funcionarios.

Los empresarios que en su afán de recobrar privilegios no reparan en medios para lograrlo, incurren en impudicia.

Los periodistas, que durante décadas medraron a la sombra del “chayote”, modo ignominioso del poder público para gobernar con omisiones y falacias, manteniendo al pueblo sumido en la ambigüedad, tienen en López Dóriga, Riva Palacio y Carlos Loret (Lord montajes), la máxima expresión del no ser lo que presumen. 

La bancarrota es insolvencia por parte de una persona física o legal, para cumplir sus obligaciones o exigir sus derechos, y también lo es cuando disimula que las consuma. Lo moral está representado por costumbres y normas con que esas personas se realizan, mismas que se consideran beneficiosas para la comunidad, aun cuando sean favorecedoras de ellas mismas. La antípoda es lo inmoral.

Cuidemos de que México no se hunda en ese ignominioso nivel de la bancarrota moral, al cual casi llegamos, porque es paso anterior de la descomposición social y con ello, del Estado Fallido, situación que jamás habremos de permitir los que admiramos veneramos a la Patria.