La agricultura familiar elimina el hambre y mejora la salud, no la cruzada contra el hambre.
Rodolfo González Fig.
Ante el escenario agrícola implantado por la revolución verde, la agricultura industrial transgénica dependiente de insumos químicos y energía proveniente del petróleo, cada vez es más urgente rescatar e y revalorar la agricultura familiar diversa en las zonas rurales. El gobierno Mexicano, más allá de promover una política que impulse la producción diversa de alimentos en circuitos locales como medida para garantizar el acceso a alimentos de calidad, ha firmado un convenio con corporaciones trasnacionales como Nestlé y Pepsi Co, las cuáles únicamente procesan y distribuyen alimentos chatarra.
Si bien por un lado la población rural del país padece una grave crisis alimentaria producto de las políticas agropecuarias que solo velan por los intereses de la agroindustria de monocultivo, con la denominada “cruzada contra el hambre” la problemática de la alimentación se agudiza, pues no toma en cuenta que millones de mexicanos considerados en esta iniciativa tengan en su mesa alimentos como maíz, frijol u hortalizas sino, por el contrario, hay acuerdos para distribuir alimentos procesados como galletas, pan y cursos de nutrición de parte de la trasnacional Nestlé, en lugar de recuperar la alimentación milenaria de los pueblos y que seamos nosotros mismos quienes produzcamos nuestro alimento en la región.
Según los especialistas, en nuestro país 6.5 % de la población vive en carencia alimentaria mientras que el 80% padece obesidad y sus consecuencias en la salud. En las zonas rurales de nuestra región, la dieta básica de las familias consta de tres alimentos principal y casi exclusivamente (maíz, frijol y chile). Mientras que la producción de estos va en declive producto de la migración creciente, el establecimiento de agroindustrias en el territorio que acaparan la mano de obra, falta de incentivos agrícolas, lluvias escazas y el modelo agrícola monocultural. Aunado a esto, el programa de gobierno “oportunidades” ha estimulado el consumo y dependencia a productos chatarra complementado con la distribución de despensas del DIF que incluyen harinas, aceites, azúcar y pastas con bajo nivel nutritivo han hecho que cada vez más familias incrementen su malnutrición en detrimento de la producción para autoconsumo.
Por su parte, el director general de la FAO comentó que “los pequeños productores, los circuitos de producción y consumo en el ámbito local y la recuperación de cultivos tradicionales desempeñan un papel importante en la reducción del hambre”. Notamos una seria contradicción entre nuestro gobierno y el director de esta instancia internacional. Mientras que la ONU celebrará el próximo año como el año Internacional de la Agricultura Familiar, en nuestro país se desprecian los esfuerzos familiares y campesinos por producir alimentos orgánicos diversos.
Ante tal realidad, es crucial esta declaración del director de la FAO, pues es fundamental reconocer la importancia y la contribución que la agricultura familiar, generalmente diversa, da a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos. En América Latina, el 80% de las explotaciones agrícolas son parte de la agricultura familiar. Aunque en nuestra región van a la baja y cada vez se concentra más la producción en la agroindustria y caciques.
Sin embargo, existen muchas familias que comienzan a revalorizar el cultivo de alimentos tradicionales así como la alimentación balanceada con productos locales y silvestres de alto valor nutritivo. Aunque los temporales de lluvias cada año son más inestables y la disponibilidad de agua es inequitativa, la zona es apta para establecer policultivos y rescatar los sistemas de producción sustentables o agroecológicos.
Por ello es necesario echar a andar esfuerzos locales para crear estrategias de producción familiar diversa, que fortalezca la soberanía alimentaria junto con la puesta en marcha de prácticas de alimentación integral que mejoren la salud de las familias combinando el saber ancestral, ecotecnologías modernas y el diálogo de saberes.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en la población, pero también el pueblo tiene el derecho de elegir qué quiere producir y cómo producirlo sin aceptar las limosnas de comida chatarra que en tal “cruzada contra el hambre” se ofrece y que sólo benefician a trasnacionales que lucran con la salud de las familias.
